La corrupción provoca otra tragedia

Octavio Campos Ortiz

El luto envolvió a 55 familias guatemaltecas, otro tanto vive la angustia de saber lesionados a parientes queridos a cientos de kilómetros de distancia; la irresponsabilidad de un chofer y la corrupción de autoridades mexicanas provocaron la muerte de gente trabajadora que solo buscaba un mejor futuro para sus seres queridos; el sueño americano quedó truncado en tierras chiapanecas y rápidamente justificado por un peritaje exprés que determinó que fue el exceso de velocidad lo que provocó el trágico accidente. El chofer huyó, pero ¿qué hay de la responsabilidad de agentes migratorios, policías y fuerzas armadas que dejaron pasar el tráiler de la muerte?

Al súbito peritaje que circunscribe la responsabilidad material del suceso al cobarde chofer que conducía el pesado transporte a exceso de velocidad, siguió la premura por deslindar a todo mundo del libre tránsito del tráiler por kilómetros y kilómetros de carreteras federales. Según la versión oficial no pasaron ningún puesto de revisión, difícil de creer que una carga tan grande no fuera detectada por los cuerpos de seguridad o migratorios. Además, las crónicas de los corresponsales hablan de al menos tres retenes que existen en los caminos por los que transitó el transporte de la muerte.

No solo fue la irresponsabilidad de un conductor lo que provocó el fallecimiento de más de medio centenar de trabajadores humildes que iban tras el sueño americano, sueño del que ya no despertaron. La tragedia también la ocasionaron la colusión de malos servidores públicos con las mafias de traficantes para permitir el libre paso de modernos esclavos al norte del país.

Uno de los tentáculos del crimen organizado es la trata de personas, negocio que junto con el narcotráfico y la venta ilegal de armas deja a los delincuentes billones de dólares. Por ello tienen una gran capacidad corruptora. No es nada novedosa conocer de casos de tráfico de personas donde se ven involucrados agentes migratorios o policías. Versiones periodísticas narran que, a través de dos haitianos, los oficiales mexicanos cobraban por asignar los lugares en los autobuses en que se trasladan a integrantes de las caravanas de trashumantes que buscan una visa humanitaria para llegar a la Unión Americana.

En Veracruz, policías locales fueron sorprendidos cuando transportaban a cinco migrantes en patrullas oficiales. Los medios han acreditado muchos casos de corrupción, sobre todo ahora que enfrentamos una crisis migratoria.

Por eso no sería raro que los más de 150 centroamericanos que viajaban hacinados en la caja del tráiler hayan sido mercancía que los malandros buscaban transportar al norte, con la complicidad de diversas autoridades mexicanas que garantizarían un traslado “seguro”. La corrupción oficial es tan criminal como la conducta del chofer que se dio a la fuga, pero ese es el eslabón más delgado de la cadena delictiva que representa el tráfico humano.

El fenómeno migratorio es más complejo, involucra a los gobiernos de la región que necesitan crear políticas públicas para frenar la migración mediante el combate a la pobreza y la violencia, dos problemas que alientan el éxodo de millones de personas en el Continente. La impotencia e ineficacia de los gobiernos para hacer crecer su economía, dar empleo a sus connacionales, fomentar la educación y contar con un esquema adecuado de salud es lo que orilla a la gente a buscar un mejor futuro en los Estados Unidos.

Pero también la violencia que genera el crimen organizado, los conflictos internos en la región han provocado los desplazamientos forzados de comunidades enteras que piden asilo en la Unión Americana.

Lo escandaloso de la tragedia ocurrida en Chiapas es solo una muestra del infierno que viven miles de migrantes. Cuántos casos, cuántas muertes no quedan en el anonimato, en lo oscuro, ni siquiera son números en las frías estadísticas oficiales. Esas muertes no solo las provocan choferes irresponsables, sino la corrupción y la connivencia de autoridades y traficantes de personas.