Seguridad, Guardia Nacional, extorsión y prestaciones a instituciones policiales, temas del segundo Foro de Diálogo Estatal

Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados

En el segundo Foro de Diálogo Estatal, realizado en Cuernavaca, Morelos, diputadas, diputados, funcionarios, investigadores y especialistas, analizaron la “reforma constitucional en materia de Guardia Nacional”, así como modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de extorsión.

También, cambios a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, sobre protección de víctimas de personas desparecidas y no localizadas, así como la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de prestaciones de instituciones policiales.

Este acto se realizó como parte de los Diálogos Nacionales para la presentación, análisis y debate de las reformas constitucionales y otras que se discutirán en el Congreso Federal en el último periodo de la presente Legislatura, organizados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, diputada Juanita Guerra Mena (Morena), destacó la importancia de dialogar y analizar la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional (GN), así como las secundarias en materia de extorsión, desaparición forzada de personas y prestaciones de instituciones policiales.

Consideró importante garantizar la seguridad social a las y los elementos de la seguridad pública. “Hoy seremos testigos de este ejercicio democrático, de pluralidad y transparencia para contrastar ideas, diferentes visiones, argumentos, pero, sobre todo encontrar coincidencias que mejoren el andamiaje jurídico para fortalecer y consolidar a las instituciones”.

Llamó a dialogar con respeto, institucionalidad, altura de miras y con el objetivo común de la seguridad y el bienestar de todas y todos los mexicanos. Recordó que una de sus máximas, es legislar; por ello, la instancia legislativa suscribió una iniciativa en materia de extorsión y sigue trabajando para contrastar este ilícito en sus diferentes modalidades, en donde especialistas hablan de más de 50 tipos.

Mencionó que la seguridad social de las Fuerzas Armadas ha sido esencial a nivel nacional e internacional, pues es de las únicas instituciones que abarca a los ascendientes, cónyuge y descendientes. Externó su respeto, admiración y solidaridad a las Fuerzas Armadas, pues no es su función el tema de seguridad pública, pero “estamos en un tema importante que debemos combatir: la inseguridad”.

Pidió a las autoridades locales y estatales que inviertan en la seguridad de la población. “Es una inversión, no es un gasto. El llamado también, es a los congresos locales a que asuman con grado de responsabilidad estas iniciativas y la aprobación de presupuesto que garantice la seguridad a las y a los ciudadanos, y de garantía de seguridad social a los elementos”.

El presidente de la Comisión de Marina, diputado Jaime Martínez López (Morena), manifestó que la iniciativa en materia de la Guardia Nacional no debe enfocarse tanto en la organización operativa, sino construir los fundamentos que permitan tener una institución forjada en los valores y la disciplina. Añadió que para crear un oficial de la marina se requieren 15 años.

Subrayó la importancia de que la GN esté enfocada en la educación, con el propósito de que se especialicen en la seguridad pública, en la cual no se requiere un uso de fuerza armada, sino una dirigida a enfrentar a los ciudadanos que cometen un delito y a quienes se les debe garantizar en todo momento sus derechos humanos.

La diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava (Morena) aseguró que las reformas en materia de seguridad son razonables, realistas y objetivas, porque propone acciones y medidas operables a corto, mediano y largo plazos para el rescate de la paz pública, a través del combate a la corrupción y la atención de los eventos generadores de violencia e inseguridad.

También de Morena, la diputada María Guadalupe Román Ávila mencionó que la iniciativa evitará que a mediano y largo plazo la GN se descomponga; además, este conjunto de cambios son parte del marco jurídico de las Fuerzas Armas que actúan de forma auxiliar, para que reduzcan los índices de criminalidad y violencia. Afirmó que es necesario que la agrupación se adhiera a la Sedena a fin de consolidarla.

El diputado del PRI, Carlos Iriarte Mercado, afirmó que es primordial bridar seguridad social a quienes protegen a la ciudadanía, ya que muchos de los elementos de la GN pertenecen al Ejército; sin embargo, es necesario definir su sistema de seguridad social. De igual manera, refirió que es fundamental legislar en materia de extorsión para que se pueda replicar en los congresos locales.

Por el PT, la diputada Marisela Garduño Garduño resaltó que el traslado de la GN a la Sedena es un tema importante para la seguridad nacional. “Sabemos que habrá consenso y disenso de los grupos parlamentarios; por ello, el foro nos enriquece, pues la seguridad pública es importante y nos duele el delito de extorsión; debemos quitar la percepción al pueblo de que se va a militarizar al país”.

La diputada Adriana Guadalupe Esquinca Gómez (PVEM) agradeció a los expertos por compartir su conocimiento y experiencia en el tema de seguridad en esta reforma que busca que la GN se suscriba a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que ésta tenga una formación castrense, pero con función de policía. “Me llevo y he escuchado cada una de las posiciones de los ponentes para presentarlas ante la Comisión para que puedan ser tomadas en cuenta”.

Por su parte, la legisladora Susana Cano González (Morena) mencionó que la GN está preparada para cuidar a los ciudadanos bajo los principios de disciplina y profesionalismo, por lo que se les debe otorgar un marco jurídico respaldado por la Constitución, a fin de brindarle certeza para participar de manera auxiliar, extraordinaria y complementaria con las Fuerzas Armadas; asimismo, garantizar la infraestructura operativa, derechos y prestaciones.

Olimpia Tamara Girón Hernández, diputada del mismo grupo parlamentario, destacó la necesidad de establecer políticas públicas que acompañen a estas reformas que tienen el fin de combatir a grupos delincuenciales perfectamente organizados y estructurados; por ello, es importante esta iniciativa y “no tengamos miedo porque no hablamos de traer a las fuerzas armadas al ámbito civil”.

También de Morena, la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso argumentó que se tiene la obligación de que el delito de extorsión se considere grave y no se siga sufriendo de ese ilícito en sus diferentes modalidades por no tener la certeza del marco constitucional o legal. En el tema de la Guardia Nacional “no se quiere militarizar, sino que las personas que nos den protección tengan doble protección para ellos y sus familias, y la certeza jurídica en seguridad social”.

El presidente de la Mesa Directiva del congreso de Morelos, diputado Francisco Erick Sánchez Zavala (PAN), destacó que estos ejercicios de coordinación entre poderes busquen profundizar en el contenido de las iniciativas de reformas constitucionales y legales promovidas por el Ejecutivo Federal y diversos legisladores, las cuales serán analizadas y discutidas en el último periodo de sesiones ordinarias de la legislatura federal.

Consideró que, de aprobarse por el constituyente permanente, impactarán en temas relevantes, pero requieren de las dos terceras partes de ambas del Congreso de la Unión y de la mayoría de los congresos locales. “Analicemos, discutamos y tomemos las mejores decisiones en libertad, sin cortapisa alguna, sin filias ni fobias, salvaguardando los principios fundamentales constitucionales y el respeto irrestricto a los derechos humanos”.

La reforma al Poder Judicial de la Federación, dijo, deberá ser considerada con detenimiento, ya que la administración de justicia demanda capacidad y altas calificaciones en los conocimientos técnico-jurídicos, y las propuestas de reforma electoral y a los órganos autónomos, debe tener pesos y contrapesos, así como fortalecer la democracia y el Estado de derecho para lograr la justicia y la paz. 

Jesús Tlacaelel Rosales Puebla, regidor de Cuernavaca, Morelos, mencionó que como se ha manifestado, la reforma constitucional tiene la esencia de darle mayores facultades a la fuerza que mayor legitimidad y confianza, así como capacidades de investigación y de permanencia.

Indicó que este municipio es el único de los 36 de la entidad que no pertenece al esquema de mando coordinado, por lo que en dos años únicamente han podido reclutar a 9 policías nuevos; sin embargo, cuentan con el mejor salario con 16 mil pesos mensuales, lo que “nos pone por encima de la media nacional y se ha garantizado el tema del seguro de vida y otras cuestiones para incentivarlos”

La abogada en materia penal, procesal y criminalística, Patricia González Rodríguez, señaló que no se ha logrado consolidar el sistema de justicia penal, porque los sistemas de seguridad pública y ciudadana han estado fallando en los 15 años de implementación; por ello, se debe poner énfasis en las policías estatales y municipales. Añadió que la Ley de la Guardia Nacional, es una de las mejores para estructurar un modelo policial que realmente implique la investigación eficiente y eficaz de los delitos, desde el plano de la ciencia.

Precisó que la reforma de extorsión debe estar enfocada a los métodos de trabajo y los tipos, es decir cómo se abordará la investigación criminal, pues en la actualidad no se han desarrollado metodologías desde el enfoque de la ciencia forense y la criminología. Esta modificación, dijo, abonará a consolidar un sistema de seguridad pública a nivel nacional, pero se deben revisar las metodologías y emprender una gran inversión pública que cubra la ciencia forense.

El capitán de Corbeta del Servicio de Justicia Naval de la Secretaría de Marina, Roberto López Sánchez, indicó que la reforma en materia de la GN para dar fortaleza y seguridad jurídica a este ente, es fundamental que se analice la redacción de la legislación, toda vez que ello permitirá deslindar al organismo de las Fuerzas Armadas y se deje de tener la percepción de militarizar una entidad que se encarga a la seguridad pública.

Añadió que otro elemento de estudio son las cuestiones de seguridad social para saber cómo se dividirían los servicios en esta materia, así como especificar que la GN podrá operar en la seguridad interior y en la defensa exterior.

Jonathan Maza Vázquez, maestro en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea de la Sedena, apuntó que la reforma a la Guardia Nacional requiere de mucha atención y discusión en los detalles, pero en lo general su propósito es fundamental para consolidar a esta institución.

Agregó que es importante analizar si esta institución será considerada como parte de la Fuerza Armada permanente, cuáles serán las condiciones y garantías para sus integrantes, no sólo de un desarrollo institucional de carrera, sino de seguridad social para ellos y sus familiares, así como mejorar el Sistema de Seguridad Pública.

Jorge Alberto Lara Rivera, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), puntualizó que la extorsión es un delito prototípicamente del fuero común, ya que difícilmente lo atraerá la Federación, por lo que las autoridades locales se ven impedidas a enfrentarlo. Por ello, propuso reformar el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para incluir este delito y trabajar en una ley general que homologue el tipo de ilícito, actualice sanciones, distribuya facultades, y genere métodos de investigación.

Urgió a abordar la extorsión con un instrumento idóneo de política legislativa y criminal. Planteó revisar el tema de la transparencia, sobre todo ahora que se ha dotado a las Fuerzas Armadas de facultades extracastrenses. También es esencial analizar las facultades de indagación para la prevención, porque cuando se creó la GN en 2019 se eliminó del texto constitucional el concepto de investigar para prevenir.