S.O.S MICHOACÁN

• Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

• Al Congreso de la Unión

• A la Suprema Corte de Justicia de la Nación

• Al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla

• Al Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo Al Poder Judicial del estado de Michoacán

• A nuestras hermanas y hermanos mexicanos

• A la opinión pública nacionale internacional

Quienes hoy nos presentamos en la capital de nuestro país desde el estado de Michoacán y en compañía de personas solidarias de otros estados de nuestro país, lo hacemos con la esperanza depositada en nosotros por nuestras familias, nuestros paisanos y la gente honrada de las regiones de la Tierra Caliente y la Costa para intentar una vez más, de forma pacífica y sin intenciones políticas más allá de influir positivamente en la política de seguridad en nuestro país:

● Garantizar a cada mexicana y mexicano su derecho humano a la seguridad.

● Garantizar a cada niña, cada niño y a la juventud, opciones reales para su sano desarrollo y la conquista de una vida digna, libre del miedo y de la violencia.

Quienes conformamos esta representación de la población michoacana bajo el asedio de la violencia, el despojo y la desaparición forzada, reconocemos que este gobierno, que se llama de la cuarta transformación, ha hecho cambios en la estrategia de seguridad.

Sin embargo, esos cambios no han sido suficientes para construir la paz que el pueblo mexicano merece. Hoy hablamos en representación de nuestros paisanos michoacanos, pero estamos seguros de que nuestro mensaje puede ser compartido por el resto de nuestros Compatriotas:

La forma en que se ha dado respuesta a la más reciente emergencia humanitaria, provocada por la violencia criminal que se disputa el territorio michoacano y las riquezas que en él existen no ha sido suficiente, pues no ha impedido que los ataques a la población civil continúen.

Además, muy a pesar de las legítimas intenciones del gobierno, sólo ha generado mayor malestar y descrédito hacia las fuerzas federales que se encuentran en la región, sin dar por ello seguridad a la gente, como ocurre con los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que se encuentran acuartelados y constantemente reciben los reclamos de la población por su inacción.

El ejemplo más conocido de lo anterior es el caso del municipio de Aguililla, en el que la población civil llegó a confrontarse con el destacamento de la Guardia Nacional emplazado en su cabecera en varias ocasiones entre abril y octubre del año pasado, hechos que tuvieron una amplia cobertura periodística y forzaron al gobierno federal a enviar una comisión de funcionarios con regularidad desde el 26 de julio pasado.

Queremos que el gobierno federal encuentre en nosotros aliados para mejorar la estrategia, queremos colaborar en la planeación de mejores acciones por parte de las instituciones del Estado, que permitan:

● Detener la violencia DE MANERA INMEDIATA, que flagela a la región e impide el desarrollo de sus habitantes. Es indispensable que se garantice el derecho a libre tránsito en el territorio para facilitar el abastecimiento de insumos de consumo básico, a precios accesibles y honestos.

● Construir de manera URGENTE las condiciones que permitan retomar las actividades económicas, con base en la vocación productiva del territorio y formando al talento humano correspondiente. Todo esto para alcanzar la prosperidad necesaria para que nuestra población joven deje de considerar a las actividades criminales como la única forma a su alcance para salir de la pobreza.

● Iniciar LAS ACCIONES NECESARIAS que erradique la llamada ‘narco cultura’ entre nuestra población, pues ha contaminado con antivalores las voluntades y las conciencias de la gente, sobre todo de la infancia y la juventud. Porque en una sociedad con el espíritu así envenenado, ningún esfuerzo de pacificación florecerá.

Para alcanzar estos propósitos y con base en el principio de coadyuvancia de la sociedad civil con las funciones del Estado, le ofrecemos al gobierno federal NUESTRA DISPOSICIÓN AL

DIALOGO, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE UNA COMITIVA REPRESENTATIVA que aportará voluntad para la búsqueda de la paz, experiencia, talento e ideas sobre nuestras actividades diarias, productivas y de beneficio social, actuando siempre dentro de la legalidad.

La experiencia de la gente que vive todos los días el miedo a ser asesinada, a que le secuestren a un familiar, a que le obliguen a salir de su casa para escapar de la violencia, abandonando su patrimonio y los negocios honrados que con tanto esfuerzo generan empleos lícitos.

Al Gobierno Federal, le pedimos de manera respetuosa y dignamente que:

1. Incluya a nuestro Comité Representativo en las mesas de construcción de paz y seguridad que operan en los tres órdenes de gobierno, para que a través de la revisión ciudadana a) se perfeccionen las acciones de seguridad emprendidas, b) se cataloguen esas acciones, c) se definan los plazos y las formas de su implementación y d) se verifique si realmente se llevan a cabo y el grado de su eficacia.

Para este fin, en el caso del estado de Michoacán, proponemos a los miembros de las mesas ciudadanas de seguridad y justicia y de los observatorios ciudadanos como los representantes de la ciudadanía en las mesas de construcción de paz.

2.Implementen inmediatamente el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, publicado en el DOF el 6 de octubre de 2020, y hasta la fecha actual, letra muerta o ignorada en la estrategia gubernamental, PUES EN NUESTRAS REGIONES EXISTEN DECENAS DE HERMANOS Y HERMANAS NUESTROS EN CALIDAD DE DESAPARECIDOS.

3.Facilite la recepción de propuestas ciudadanas sobre la materia, no sólo hacia el poder ejecutivo, sino también hacia el poder legislativo, con la buena voluntad de la gente del pueblo mexicano, estas instituciones a) mejoren sus prácticas institucionales,

b) perfeccionen nuestros marcos legales y c) que el Senado de la República promulgue la Ley Nacional en materia de Desplazamiento Forzado que se encuentra desde el año pasado en espera de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Con este objetivo, proponemos que los poderes legislativos implementen con regularidad las prácticas del parlamento abierto, para incorporar a la normativa vigente las reformas adecuadas que se planean desde la sociedad civil especializada y la academia.

4.Por otra parte, proponemos al Poder Judicial, a través de la Suprema Corte y las Cortes Estatales, así como desde sus respectivas judicaturas a) ejerzan sus atribuciones constitucionales para mandatar a los poderes ejecutivos federal y estatales el cumplimiento inmediato e irrestricto de sus obligaciones legales de garantizar seguridad y desarrollo integral para la población; b) consoliden todas las reformas al sistema penal

acusatorio y mecanismos alternativos de solución de conflictos que se encuentran detenidos aún después de la fecha perentoria para su implementación y c) se superpongan a los entramados de intereses y corruptelas que han caracterizado a los tribunales mexicanos, para hacer prevalecer el patriotismo al que están obligados bajo protesta y de esta forma provean de justicia pronta, expedita y transparente a la población que tanto clama por ella, por esclarecimiento, por reparación y por garantías de no repetición.

5. Pedimos a los organismos públicos autónomos, como las comisiones de Derechos Humanos, así como a los colectivos de víctimas de la violencia, de personas desaparecidas, de defensores de los derechos humanos y a los organismos internacionales que velan por la dignidad humana sin importar fronteras, que se solidaricen con este movimiento, haga suyas estas propuestas y exigencias al suscribirlas y que nos ayuden a difundirlas por todos los medios a su alcance.

ES IMPORTANTE ACLARAR QUE no somos enemigos del gobierno y rechazamos todo intento de criminalización de la disidencia ciudadana a las políticas públicas en materia de seguridad, actitud que revictimiza a la población que ha sido blanco de la violencia y el delito.

Queremos tender puentes de colaboración con las autoridades del Estado mexicano y sus corporaciones armadas, para alcanzar objetivos comunes: fortalecer las instituciones de gobierno con base en la participación ciudadana, construir confianza entre la población y las instituciones de justicia y resguardar los derechos fundamentales que dotan de dignidad a la vida humana, propiciando la prosperidad material y espiritual de la gente, que es nuestra mayor y verdadera riqueza.

En este propósito de regeneración moral, orientarán nuestros actos las eternas palabras del siervo de la nación, que guiaron los trabajos del congreso que en este estado libre y soberano de Michoacán promulgó nuestra primera Constitución:

“Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.” Sentimientos de la Nación, septiembre de 1813

Colectivo de por la Paz y la Justicia en Michoacán.