Periodismo y democracia

Octavio Campos Ortiz

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, declaró que sin periodistas no hay democracia, máxima que se debe dar en todo Estado de Derecho. La libertad de expresión está garantizada por la Constitución y la blinda de todo ataque desde el poder público.

Sabemos que la Ley Suprema se promulgó no para controlar a los ciudadanos, sino para defenderlos de los abusos del poder político, de los excesos de los gobernantes sobre sus gobernados.

Pero, en México, el régimen ha sido incapaz de defender esa garantía constitucional. Es más, desde el gobierno mismo se ha atentado contra el ejercicio periodístico. Según datos oficiales. el 60 por ciento de las agresiones a periodistas provienen de autoridades estatales y municipales. El otro 40 por ciento se le atribuye al crimen organizado. La función primigenia de todo Estado es salvaguardar la vida y patrimonio de los ciudadanos, en este caso de los comunicadores; sin embargo, el gobierno ha fallado y el gremio tuvo un sangriento inicio de año con al menos cinco periodistas asesinados y dos atentados frustrados. Según algunas fuentes, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Incluso peor que en países en confrontaciones bélicas con otras naciones, con conflictos políticos internos o en guerra civil. Esos arteros crímenes inhiben la función social de los medios, fomentan la autocensura y crean zonas de silencio.

Pero la violencia contra los trabajadores de la comunicación no solo es física, recientemente desde la más alta tribuna del país, la Presidencia de la República, se ha cuestionado la libertad de expresión, la libertad de prensa. Los informadores, los opinadores fueron puestos en el banquillo de los acusados: diferencias entre el mandatario y algunos líderes de opinión escalaron hasta la confrontación pública y polarizaron a los ciudadanos. Más allá de quién tiene la razón, la primera magistratura del país no puede vulnerar la función social de los medios. Confrontarse no es el camino para resolver diferencias. Cierto, el presidente tiene el derecho de réplica, pero no puede hacer valer sus argumentos mediante la exhibición de datos personales. Hay instancias legales para que él pueda hacer valer sus argumentos.

La función pública demanda del Ejecutivo todo su tiempo para atender las necesidades de la población y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, no para comprar pleitos con reporteros.

Insisto, no se trata de darle la razón a ninguna de las partes, pero cuando la actividad periodística es amenazada por criminales o servidores públicos estatales o municipales, corresponde al gobierno federal proteger a esos periodistas y demostrar que no se ha perdido la gobernabilidad. Urge un verdadero Mecanismo de Protección para Periodistas que prevenga las agresiones contra comunicadores. Es más importante contar con protocolos de prevención o de seguridad que investigar los atentados mortales, donde la impunidad es superior al 90 por ciento.

Sin garantías para ejercer libremente el periodismo, no puede haber democracia. Defendamos todos esa libertad, esa democracia como sistema de vida cotidiano.