Para acusados sin pruebas, una indemnización que nunca llegará

Por Fernando Facta

Apenas el miércoles 7 de febrero del año que corre, el ya ex diputado federal de Morena, Saúl Huerta Corona, fue sentenciado a 22 años de prisión por el Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla tras hallarlo culpable del delito de violación cometida en contra de un menor de edad.

Además de la sentencia condenatoria, le quedan al ex priísta procesos penales pendientes por delitos similares, por lo que es probable que los 22 años de prisión se conviertan en muchos más.

En un sentido estricto en la impartición de justicia, digamos, las investigaciones que realizaron tanto en Puebla como en la Ciudad de México llegaron a buen puerto con esta sentencia; sin embargo, no se trata de lo último que deberá enfrentar el poblano Huerta Corona, pues le restan dos casos más por delitos sexuales.

Pero qué tanto la justicia puede llamarse así cuando no condena ni castiga las amenazas que fueron vertidas contra una de las víctimas, lo que motivó que se mudara a Estados Unidos para ponerse a salvo. La justicia, pues, no ha hecho mella en las redes ni en el poder del ahora ex diputado federal.

Nadie pagará a las víctimas ni a su familia las terapias del psicólogo para su mejor reintegración social; nadie tampoco investigará ni pagara los gastos que se han generado por las amenazas y por la necesidad de ponerse a salvo fuera del país.

Mucho menos habrá erogación de parte del sentenciado para “resarcir” los daños que causó la conducta ilegal del ex legislador. Si de justicia México está necesitado, este caso (y muchos más) exigen que las leyes observen a las víctimas y eviten que los responsables se deshagan de sus bienes para evadir el pago de daños.

En México, funcionarios públicos y legisladores han ya planteado revisar la forma de recuperar parte de la tranquilidad que pierden los afectados cuando sufren este y algunos otros delitos. El Estado Mexicano se los debe.

Y no solo a ellos, sino también a quienes injustamente pisan la prisión por delitos que nunca se comprueban y que las fiscalías, federal y locales, así como autoridades judiciales fabrican quizá con fines estadísticos o como ocurre comúnmente, para sacarle dinero a sus familias y no entren a los centros de readaptación social.

Ya allá por inicios de los 90, el procurador general de Justicia del DF, Ignacio Morales Lechuga, presentó una iniciativa al congreso local para resarcir el daño que se causaba a quienes permanecían en prisión y al concluir el proceso penal, salían libre por falta de pruebas.

Entonces, y como siempre ocurre, una persona que es detenida, sujeta a investigación, consignada a un juzgado y finalmente absuelta, pierde todo: trabajo, recursos económicos, propiedades e incluso familia y todo lo que va con ella, sin hablar del daño a su integridad como ser humano, y ninguna autoridad se hace responsable de esos daños, de tal abuso de poder.

La propuesta de aquel fiscal capitalino proponía indemnizar a quien se encarcelaba injustamente con un día de salario mínimo por cada día que había pasado en prisión.

¿El resultado? Por cerca de 30 años han desfilado legislaturas y no ha habido una sola que busque terminar con ese abuso de poder; a nadie le interesa pagar el daño que provoca la corrupción y la indolencia de autoridades investigadoras ni impartidoras de justicia.

¿A alguien le interesa?