Nueva iniciativa de Ley de Hidrocarburos, “un peligro” para inversionistas: Coparmex

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Como otras iniciativas de Ley presentadas en la Cámara de Diputados, la vinculada a reformar los Hidrocarburos, como viene planteada generará inaplicabilidad, conflictos de preceptos jurídicos y graves violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afirmó Coparmex.

Aceptó coincidir con el espíritu de fortalecer al sector energético, pero creemos que solo será posible con el esfuerzo conjunto del gobierno y el sector privado.

Nuestra presencia en el sector puede contribuir con experiencia, mejores prácticas internacionales, y un gran compromiso con el cumplimiento del Estado de Derecho.

Dijo Coparmex que su actuar busca en todo momento aportar al crecimiento del país y combatir las conductas ilícitas dañinas para nuestra industria. Consideraron que estos lineamientos y objetivos también constituyen variables que impactarán positivamente en las Empresas Productivas del Estado.

El proceso de reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada por el Ejecutivo Federal debe estar abierto tanto a la sociedad como a la opinión de expertos y debe ser precisa para evitar generar incertidumbre innecesaria en el sector.

Los riesgos que advertimos con este proyecto de reforma están vinculados con la vulneración del Estado de Derecho por disposiciones discrecionales que podrían derivar en un potencial abuso de autoridad; y también, por posibles prácticas anticompetitivas, que no ponen a los consumidores como beneficiarios principales, sino que pretenden favorecer a Pemex a costa de mayores precios o combustibles de menor calidad.

Es preocupante que la propuesta presentada ante la Cámara de Diputados establezca que la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán suspender los permisos, de manera temporal e indefinida (a discreción de la autoridad), petrolíferos e hidrocarburos ante “un peligro inminente” a la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional sin que en ningún caso, definan claramente supuestos normativos.

En la iniciativa, se propone reformar el régimen de sanciones, a fin de revocar los permisos de operación previamente expedidos, a los sujetos que reinciden en la ejecución de conductas como: incumplimiento de las disposiciones aplicables a la cantidad, calidad y medición de petrolíferos y realizar modificaciones no autorizadas a la infraestructura del permisionario.

Esta propuesta es particularmente relevante, pues dada su redacción, abre la puerta para que las instalaciones y permisos –de cualquier tipo– tengan necesariamente que ser operadas por Pemex.

La modificación como se presentó, contempla que en caso de suspensión, la empresa estatal deberá ser la encargada de manejar y controlar las instalaciones suspendidas. Esto presenta una latente posibilidad para que la petrolera nacional (un competidor actual de los permisionarios afectados) sea designada para tomar el control de las instalaciones cuyos permisos sean suspendidos práctica que genera preocupaciones entre los inversionistas así como cuestionamientos sobre el Estado de Derecho, el respeto a las inversiones realizadas y los límites a la propiedad privada.

Así mismo, se ha señalado que la iniciativa permitiría combatir el “huachicol fiscal”; no obstante, para ello no se requiere hacer una reforma legal, sino aplicar de forma efectiva las sanciones previstas ya en la Ley de Hidrocarburos. Una reforma eficaz debería eliminar ambigüedades, generar certidumbre y fomentar la fortaleza del sector energético en su conjunto. En los términos actuales, la reforma terminará impugnada legalmente y no cumpliría su propósito.

Desde Coparmex, coincidimos con el Gobierno de México en la urgencia y necesidad de combatir del “huachicol” y diversas conductas que afectan al mercado de petrolíferos.

Sin embargo, insistimos en que la propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos debe precisarse, de lo contrario generará incertidumbre en el sector, toda vez que los tres términos incorporados -seguridad nacional, seguridad energética y economía- que estarán en un “peligro inminente” tienen una amplia interpretación y ésta puede modificarse constantemente de manera discrecional afectando a toda la cadena de valor y en general, al ambiente de negocios en el país.

Reiteraron los empresarios su disposición para contribuir a las transformaciones que México necesita, pero refrendamos que las empresas privadas en el sector energía deben ser un aliado y no un contrincante en las intenciones del gobierno para alcanzar el óptimo desempeño del sector. Advirtieron que si no se precisan los elementos contemplados en esta iniciativa ésta no garantizará el estricto apego al Estado de Derecho, el cual es base de un Estado democrático, y pieza clave en el crecimiento y desarrollo económico de nuestro país.