No deben divulgar información. Servidores públicos pasarán 9 años en la cárcel.

Los servidores públicos deben velar por la dignidad y demás derechos de quienes han padecido algún delito: Rosales San Román

La senadora panista, Indira de Jesús Rosales San Román, pretende coartas aún más la libertad de expresión en México, al presentar en el recinto legislativo una iniciativa de ley a través de la cual se encarcele con nueve años de prisión a los servidores públicos que proporcionen información a los medios de difusión a través de la cual se informe al público sobre ataques de toda índole a los ciudadanos, principalmente a las mujeres.

Advirtió que los servidores públicos son quienes deberían velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito.

Sostuvo que México pasa por una grave crisis en materia de violencia de género, donde los feminicidios aumentaron 137 por ciento en los últimos cinco años, por lo que la iniciativa está encaminada, principalmente, a defender la dignidad de las mujeres víctimas de la violencia.

Enfatizó que es fundamental erradicar la normalización de la violencia ejercida contra todas las personas, y sancionar a los servidores públicos que no cumplen con su deber de resguardar cierto tipo de información, pero en su iniciativa de Ley no habla sobre la pésima actuación de los gobiernos federal, estatales, municipales y locales, que en seguridad no han hecho nada para velar por la seguridad de los ciudadanos, principalmente los feminicidios, como es el caso de Chihuauha, donde años atrás hubo asesinados de mujeres al por mayor y nunca se aclararon.

Ahora, son algunos estados del país donde han incrementado los feminicidios, principalmente en el Estado de Méxco, y la legisladora del partido blanquiazul, no hace algún pronunciamiento en su iniciativa para que tanto los cuerpos de seguridad como las fiscalías eviten el incremento de esos delitos. La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

Sin embargo, especificó que la divulgación de información e imágenes de víctimas de algún delito, por parte de un servidor público, constituye una lesión a la dignidad de las personas afectadas, por tal motivo, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román presentó una iniciativa para tipificar en el Código Penal Federal este tipo de conductas.

Rosales San Román busca evitar las filtraciones y la exposición masiva ante los medios de comunicación y redes sociales de las víctimas, principalmente de niñas, mujeres o adolescentes, así como proteger a los familiares o a quienes tienen una relación inmediata con la víctima.

La reforma sugiere sancionar a todo servidor público que difunda, transmita, revele, publique, exponga, distribuya, videograbe, comercialice, intercambie o comparta, por cualquier medio, imágenes, audios, videos o documentos, relacionados con hallazgos, indicios, evidencias, objetos o instrumentos vinculados a un procedimiento penal o a una investigación relacionados con un hecho delictivo.

Así, para quienes lleven a cabo este tipo de acciones, la legisladora del PAN propone una pena de tres a seis años de prisión, y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización.

Cuando se trate de imágenes, audios o videos de cadáveres de niñas, mujeres o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las sanciones planteadas se incrementarían en una mitad.

El proyecto, explicó, está enfocado principalmente a sancionar a los servidores públicos, ya que ellos son las personas que mayormente tienen acceso a los elementos que integran una carpeta de investigación o arriban al lugar de los hechos.

Además, dijo, son quienes deberían velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito.

Nuestro país, advirtió la legisladora, pasa por una grave crisis en materia de violencia de género, donde los feminicidios aumentaron 137 por ciento en los últimos cinco años, por lo que la iniciativa está encaminada, principalmente, a defender la dignidad de las mujeres víctimas de la violencia.

Es fundamental erradicar la normalización de la violencia ejercida contra todas las personas, y sancionar a los servidores públicos que no cumplen con su deber de resguardar cierto tipo de información, puntualizó.

La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.