La Quimera / Combate el INE el aberrante Plan B, no aplica en Edomex y Coahuila

Política Electoral

Los oídos sordos o demencia de personajes del partido guinda, entre ellos de su dueño e inquilino de Palacio Nacional, de respetar las restricciones vigentes en materia de propaganda, que impide que servidores públicos realicen promoción personalizada en las elecciones del Estado de México y Coahuila.

Una vez más, los morenistas, tuercen los ordenamientos electorales vigentes en los procesos locales del 2023, ya que todos los personajes políticos y una gran mayoría de ciudadanos saben que no se puede aplicar ninguna reforma al marco legal en materia electoral publicada o por publicarse, ya que ninguna de ellas se llevó a cabo en los plazos constitucionales establecidos para ser vigentes en las elecciones de esos dos estados.

Hay que recordar, amigo lector, que las reglas vigentes han dado pie a contiendas equitativas y sin irrupciones indebidas por parte de funcionarios o entes de gobierno. Razón por la que el Instituto Nacional Electoral (INE) acudirá a todas las instancias legales para combatir el llamado Plan B de la controvertida reforma electoral, por considerar que afecta los derechos ciudadanos y la capacidad de realizar comicios.

Tras debatir el informe que presentó la Secretaría Ejecutiva del INE, en el que se detallan las afectaciones que tendrá la entrada en vigor de las reformas impuestas por el presidente López Obrador y apoyadas por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso; las y los consejeros electorales instruyeron a la Secretaría Ejecutiva interponer todos los recursos jurídicos y legales a su alcance para combatir esta aberrante reforma electoral que afecta gravemente a la democracia del país.

La golpeada autoridad electoral, también demandaría enérgicamente a los y las precandidatas, a los gobiernos de ambas entidades, sujetarse a las reglas de fiscalización, a reportar ingresos y gastos, así como a respetar la equidad en la contienda; ya que al INE le corresponde la fiscalización de partidos y candidatos, así como la resolución de quejas que tengan que ver con probables violaciones al modelo de comunicación política establecido en la Constitución y las leyes,

Secundando el llamado enérgico del INE, Ricardo Monreal, ahora ya sumado como corcholata morenista, advertiría  sobre los riesgos que entrañan algunas de las modificaciones en el mentado Plan B, en materia electoral aprobadas por las Cámaras del Congreso, en el que se perfilan violaciones a la Constitución en estos comicios y, sobre todo, rumbo al 2024, donde está en riesgo el respeto a la legalidad, equidad y piso parejo en todos los procesos electorales.

En clara alusión a Morena y al presidente López Obrador, el líder de la mayoría legislativa en el Senado reprobaría que algún partido u orden de gobierno trate de alterar los logros alcanzados por las ocho reformas electorales, que incluso fueron impulsadas en gran medida por ellos cuando eran oposición y que tienen que ver con garantizar legalidad, equidad y piso parejo en los procesos electorales.

A decir de Monreal, con la reciente reforma publicada en diciembre pasado en materia de propaganda gubernamental y de responsabilidades administrativas, se crea un espacio para que las personas servidoras públicas participen en actos electorales, bajo el argumento del ejercicio del derecho a la libertad de expresión; con ello, se cambian sustancialmente las disposiciones de las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.

Ahora, la ley permite la libre promoción personalizada de las y los servidores públicos, independientemente, de que haya o no campañas electorales en curso; es decir, promoverse en todo momento, en ejercicio de su libertad de expresión.

Esto, sin duda, contraviene lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución, fracción III, apartado C, párrafo dos, relativo a la suspensión de la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales como de las entidades federativas.

Ello implica, a todas luces, que las y los gobernadores, legisladores, presidentes municipales, secretarios de Estado e, incluso, quien ocupe la Presidencia de la República, puedan promover su imagen por encima de los intereses públicos generales que salvaguarda la Constitución. Como siempre le digo, amigo lector, su opinión es la que cuenta.