La obsesión por la ilegalidad y la polarización

Octavio Campos Ortiz

Aquella famosa frase del que parecía sempiterno candidato a la presidencia: “Al diablo con las instituciones”, ahora es una máxima de gobierno en la administración de la 4T. Lejos están las promesas de campaña de acabar con los antidemocráticos regímenes neoliberales, de dar vigencia al Estado de Derecho, de regresar la honestidad de la administración pública, de devolver la gobernabilidad a un país ansioso de vivir en democracia y conocer la paz social y el imperio de la Ley, justicia para todos.

El proyecto político de la 4T resultó un engaño y desencanto para millones de mexicanos que creyeron en la narrativa de una transformación de la estructura política y social de México, pero resultó un gobierno autoritario y unipersonal que suprimió la división de poderes y alentó un presidencialismo populista que destruye las instituciones.

Literalmente, la 4T manda al carajo las instituciones y toda organización que se oponga a sus designios. Sometió a la Suprema Corte para que avale su iniciativa de reforma eléctrica, aunque no beneficie al pueblo el monopolio estatal de la energía y se empecinen en la utilización de combustibles contaminantes fósiles. Triste actuación dio el Máximo Tribunal del país con su abyecta posición para agradar al inquilino de Palacio Nacional. Más aún después de la visita del responsable de la política interior a los ministros para tirar línea a cambio del pago de favores. Las consecuencias serán terribles para la nación, luego de la advertencia del embajador norteamericano, quien presagia interminables y costosos litigios internacionales.

La 4T ha desdibujado al poder judicial y al legislativo, el que se ha convertido en una sumisa oficialía de partes, donde lo menos que se hace es la actividad parlamentaria.

En una titánica labor destructiva, han desaparecido y atentado contra los organismos autónomos que eran contrapesos naturales a los excesos del presidencialismo. El poder omnímodo no reconoce límites y por ello destruye toda oposición, aunque se violente la Constitución o cualquier marco legal. Curiosamente, la Ley Suprema se ideó para acotar los excesos del poder público, pero en esta administración lo que menos importa es la ley, así lo dijo a los ministros el propio presidente.

El gobierno se encarga de violar la ley todos los días y no acepta ninguna sanción prevista por la legislación. El mismísimo titular de Gobernación, quien debiera representar la máxima imparcialidad en las funciones de la gobernanza, desacató las disposiciones del árbitro electoral, previo al capricho presidencial de la costosa consulta de revocación -que en realidad es una innecesaria y no pedida ratificación de mandato-, y además de vaticinar la destrucción del INE, arengó a la gente para participar en la consulta del próximo domingo. Ni en la época del priato se vio tanta deshonestidad política. Se supone que el responsable de la política interior, el jefe del gabinete, no debe tomar partido, pero no solo desobedeció al INE, adelantó su extinción para ser sustituido por un remedo de la Comisión Federal Electoral, organismo que ideó el partido en el poder para organizar y manipular las elecciones. Envalentonado, llamó a participar en la consulta del próximo domingo para “ratificar” al presidente.

Lamentablemente se ha perdido el Estado de Derecho y avanza la consolidación de un régimen totalitario. La consulta, en realidad, busca conocer el apoyo real de los mexicanos al proyecto político de la 4T, que incluye la posibilidad de una reelección. Por ello, no se puede caer en esa trampa de los que dicen que han que ir a votar, aunque sea en contra. Esa es una falacia y lo único que se haría es hacerles el caldo gordo. Por eso, el domingo 10 de abril, mejor quédate en casa.