La estafa maestra, otro escándalo mediático

Octavio Campos Ortiz

Producto de un trabajo periodístico, la opinión pública conoció de un delito cometido por funcionarios que, según la denuncia, encargaban trabajos a universidades, a través de SEDESOL, que no se realizaban o se hacían parcialmente, pero cobraban las instituciones de educación superior públicas. A ese evento se le conoció como la “estafa maestra” y representaba un quebranto de miles de millones de pesos.

Como en todo ilícito, real o no, que puede representar un beneficio político, rápidamente la 4T buscó un chivo expiatorio que pudiera cargar con la culpa y diera la razón a la aparente guerra contra la corrupción que emprende esta administración. Se matan varios pájaros de un solo tiro: se castigaba a la aparente responsable, se exhibía la deshonestidad de los peñistas y se ganaban adeptos.

Rosario Robles, que era la señalada, si no como beneficiaria directa del delito, si como omisa en la supervisión de su función pública, creyó en la buena fe de las instituciones de justicia y con la esperanza de que este gobierno no la utilizaría para una venganza política o persecución del ex presidente, se presentó voluntariamente ante el juzgado que la requería para aclarar las cosas y demostrar su inocencia; fue injusta e ilegalmente aprehendida y encarcelada. El único delito que se le pudo imputar fue el de uso indebido del servicio público, ni enriquecimiento ilícito, ni asociación delictuosa ni lavado de dinero. La conducta penal que se le atribuyó es una falta que no amerita la privación de la libertad.

Sin embargo, un retorcido juez, sobrino de la impresentable Dolores Padierna, le aplicó el auto de formal prisión basado en la presunción de que podía darse a la fuga e incluso le fabricaron la presentación de una licencia falsa. Su buena voluntad para aclarar su situación le costó tres años de prisión.

Su caso se explotó mediáticamente por la 4T y fue objeto de denostación, exhibida públicamente y no se le ha podido comprobar nada. Contrario al deseo de la 4T, convirtieron a la ex secretaria de Desarrollo Social peñista en una presa política, creció su imagen como servidora pública y sobre todo, como una mujer íntegra que prefirió permanecer en prisión, antes de convertirse en soplona o involucrar a gente inocente en las pretensiones de sus juzgadores de señalar a sus superiores en conductas ilícitas que no le ordenaron.

Con el caso Robles tuvieron que esperar los de la 4T a una mejor oportunidad para “demostrar” la corrupción priista. A tres años de su injusto encarcelamiento, no ha avanzado el proceso contra los responsables de la supuesta “estafa maestra”. Mientras tanto, la 4T ha contado con un pretexto mediático para justificar su campaña de persecución contra integrantes de la administración de Peña Nieto. Que ese es su objetivo, difama que algo queda. Sabemos que una de las propuesta de campaña de Morena en el 2018 fue la de combatir y acabar con la corrupción, lo cual no ha cumplido, a pesar de que periódicamente sacan el pañuelito blanco para anunciar su erradicación, mensaje que contradicen los actos de corrupción de los propios cuatro teístas como es el caso de SEGALMEX -la CONASUPO de esta administración-, donde se investiga una malversación por seis mil millones de pesos y que involucra a funcionarios actuales, lo que le “costó “ la chamba a Ignacio Ovalle, premiado con un cargo en Gobernación.

La ex jefa de Gobierno de la CDMX recuperará su libertad absoluta, tal vez solo castigada, a fuerzas, por su mal ejercicio del servicio público, pero no como responsable de la “estafa maestra”. Aunque tienen al ex procurador Jesús Murilo Karam como nuevo distractor de los grandes problemas nacionales. Seguramente Segalmex pasará a los archivos de la procuración de justicia.