Jueces al banquillo de los acusados

Octavio Campos Ortiz

El control que ejerce el Ejecutivo sobre los otros Poderes de la Unión parece salirse de control. Si en el Legislativo tiene problemas para que se aprueben las iniciativas que salen de Palacio Nacional -sin quitarle una sola coma-, en el Judicial no le va mejor. Hubo momentos que parecía que se imponía una presidencia imperial, la cual sometía a sus caprichos la actuación parlamentaria y la judicial. Pero no necesariamente es así.

Lo ha demostrado la Suprema Corte -a pesar de los ministros propuestos por el mandatario que obedecen a pies juntillas sus peticiones o insinuaciones-, cuando ha actuado con independencia; ejemplo de ello fue el rechazo a la extensión del periodo del presidente del Máximo Tribunal, o la no aprobación de ciertas leyes propuestas por el Ejecutivo.

Los jueces son quien más autonomía han demostrado. La concesión de amparos o el rechazo a decretar autos de formal prisión en casos políticos o de interés presidencial es muestra de ello. Salvo episodios como el de Rosario Robles, quien estuvo recluida injustamente por tres años, gracias a un impartidor de justicia que curiosamente es sobrino de Dolores Padierna.

Ante la rebeldía de los jueces. Desde el atril del Salón Tesorería de Palacio Nacional se les ha descalificado, insultado, acusados -sin pruebas-, de corruptos, de traidores. Las agresiones han subido de tono e incluso hoy se amaga con cárcel a quienes, en cumplimiento de sus funciones, contravienen los designios de la 4T.

Ya no solo se les señala o reporta con el Consejo de la Judicatura, ahora se denuncia penalmente a los miembros del Poder Judicial ante el ministerio público para que se les aprese cuando sus resoluciones no favorecen a los funcionarios de la administración pública federal. También lo órganos fiscalizadores y de investigación se utilizan para someter a los jueces. Tal es el caso de la Unidad de Investigación Financiera, la Función Pública, el SAT y los servicios de inteligencia del gobierno. Con ello, buscan intimidar a los funcionarios de los tribunales para que piensen dos veces el sentido de sus resoluciones, más allá de aplicar el Derecho o de las pruebas analizadas.

Qué juez no ha hecho una mala declaración de impuestos o, en un gobierno que pregona la austeridad franciscana, no tiene una casa superior a las de la clase media -la propia senadora Olga Sánchez Cordera, ex ministra de la Suprema Corte, hasta tiene un departamento en Houston-, o simplemente tiene un nivel de vida “aspiracionista”, lo cual es mal visto y reprobado en este régimen., ya que sospechan que los bienes que se poseen tienen una procedencia ilícita. Ya se prepara una reforma al Poder Judicial, la cual saldrá seguramente de Palacio Nacional.

Así que ahora la justicia tendrá un nuevo tamiz, contará con un censor que mantendrá, como Big Brother, un ojo permanente no solo en sus cuentas bancarias u operaciones financieras, en la práctica supervisará su trabajo y serán reconvenidos cuando, a juicio de la 4T, las resoluciones no convengan a su proyecto político. Poco importa la ley o el Estado de Derecho.