En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no se tolerará ni permitirá que una persona crea que puede asesinar a una mujer y que, debido a sus relaciones y supuestas influencias, podrá quedar impune. Esa forma selectiva de procurar y administrar justicia, es parte de un pasado que no regresará.
Así lo garantizó la titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, durante su intervención en el Informe Mensual de la Alerta por Violencia Contra las Mujeres de la Ciudad de México, en el que también manifestó el compromiso que tiene la institución con la ciudad y sus habitantes: ningún crimen cometido en agravio de las mujeres quedará impune.
Tras recordar lo sucedido la semana pasada en un restaurante ubicado en la alcaldía Benito Juárez, donde un hombre posiblemente privó de la vida a una joven mujer, la Fiscal reiteró su compromiso de investigar objetiva y científicamente para conocer la verdad y lograr acceso a la justicia para las víctimas, sin importar la relevancia política, económica o social de las personas relacionadas con estos delitos.
“Combatir la violencia, exige el compromiso de toda la sociedad, los medios y los líderes de opinión. Nadie puede permanecer indiferente frente a actos de violencia feminicida, como el que vimos en un restaurante la semana pasada”, señaló Godoy Ramos.
Por otro lado, la abogada de la ciudad dio a conocer que las muertes violentas de mujeres han disminuido en 34 por ciento en la Ciudad de México; esto, argumentó, incluye los casos considerados como feminicidios y los casos de homicidios dolosos en los que las víctimas son mujeres.
Señaló que, de enero a junio de 2020, se registraron 85 casos de muertes violentas de mujeres, mientras que en 2022 se han presentado 56 casos. En su gran mayoría, acotó, se ha detenido o ubicado al probable responsable.
Señaló que entre enero y junio de 2022, se puede observar una disminución de 25 por ciento en los casos de feminicidio, con respecto al mismo período de 2020.
“Toda muerte violenta de una mujer se investiga con el protocolo de feminicidio. Somos conscientes de la gravedad que representa el delito de feminicidio para la seguridad de las mujeres. Es cierto que avanzamos en la disminución de este delito, pero no podemos estar conformes, tenemos la obligación de erradicar la violencia en contra de las mujeres y su expresión más atroz, que es el feminicidio”, aseveró la Fiscal Godoy Ramos.
Informó que al mismo tiempo que ha disminuido la incidencia, se ha logrado un aumento de 42 por ciento en el número agresores llevados ante los jueces. Entre enero y junio de este año, se ha conseguido la vinculación a proceso de 37 personas imputadas por el delito de feminicidio.
En tanto, se ha conseguido aumentar en 171 por ciento el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio, gracias a una política de persecución penal que se refleja en los hechos.
“Hay que combatir la impunidad y enviar un mensaje muy claro a toda la sociedad: Quien le arrebate la vida a una mujer, será detenido y llevado a juicio para que reciba la más alta condena por su delito”, subrayó la Fiscal.
Por otra parte, destacó que la transformación institucional que ha impulsado la Declaratoria de Alerta, y gracias a la confianza de las víctimas en la FGJCDMX para denunciar, ha sido posible mejorar la capacidad de ofrecer verdad y justicia a las mujeres.
Agregó, que, de enero de 2019 a junio del presente año, se han vinculado a proceso a 8 mil 069 agresores de mujeres y se pasó de imputar un promedio de 139 agresores al mes, en 2019, a 210 en 2022, lo que significa un aumento de 51 por ciento.
Lo anterior, sostuvo, incluye los casos de todo tipo de violencia de género, que van de violencia familiar hasta el feminicidio, acoso y abuso.
“Continuaremos buscando la disminución en la incidencia, y el aumento en la detención y vinculación a proceso de agresores, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Nuestro trabajo está enfocado en tener menos casos de muertes de mujeres por feminicidio y mayor acceso a la justicia para las víctimas de este delito atroz”, insistió Ernestina Godoy.
En otros temas, la abogada de la ciudad informó que continúa el proceso de certificación del Banco de ADN, para lograr su reconocimiento pleno para que los dictámenes que de ahí se emitan, sean pruebas irrefutables y consideradas como pruebas científicas.
Manifestó que se tiene una capacitación permanente y constante de las y los policías de Investigación, así como de peritas y peritos, y agentes del Ministerio Público; también sigue la remodelación y mejora de las instalaciones para dar un mejor servicio a la ciudadanía y en especial a las mujeres.
Por su parte, Ingrid Gómez Saracíbar, titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, destacó que una de las acciones que contempla la emisión de la Alerta de Género es el Registro Público de Personas Agresoras, que a la fecha tiene a 199 casos inscritos, con sentencias en firme: 119 por abuso sexual, 34 por violación calificada, 15 por violación equiparada, 26 por violación simple y cuatro por tentativa de violación.
En este sentido, destacó la coordinación que se tiene con la FGJCDMX, como integradora de carpetas de investigación, pero también con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ya que, derivado de las sentencias dictadas desde este órgano, se logra la inscripción de personas agresoras de mujeres y niñas.
En tanto, el Magistrado Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, manifestó que el órgano judicial a su cargo tiene la misión de impartir justicia pronta, imparcial, gratuita, confiable y transparente, que garantice el respeto de los derechos humanos y a la igualdad de género. La vida de la mujer, dijo, tiene una mayor prioridad y relevancia entre las causas de nuestro tiempo, por lo que todos los días se trabaja para ir por las y los justiciables.
“La capacitación, el mérito, las buenas prácticas y la determinación de la carrera judicial, hoy demandan una perspectiva de género vigilante de la igualdad sustantiva y eso demanda libertad del yugo de la violencia. Estas palabras no son parte de un discurso, describe nuestra vocación y nuestra identidad”, puntualizó Guerra Álvarez.
Informó que, desde su jurisprudencia, se han emitido medidas de protección en favor de la mujer, esto es: prohibirles a las personas agresoras acercarse o comunicarse con la víctima, asistir o acercarse su domicilio, lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar que frecuente; desocupación inmediata por parte del agresor de la víctima, independientemente de la acreditación de la propiedad o posesión del inmueble, entre otras.
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