El Gobierno de la Ciudad de México compró fentanilo a empresa ligada a Carlos Lomelí, político de Morena investigado por la DEA

Por: Víctor Sánchez

A unos días de que se elija al Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, se ha dado a conocer que, el Gobierno de Claudia Sheinbaum compró fentanilo a una empresa de conocido político de Morena. Por si fuera poco, la empresa estaba inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública.

La “corcholata” favorita del presidente, con esta noticia prendió las alertas más altas, ya que por el fentanilo se han dado las más recientes agrias discusiones entre los presidentes Biden y López Obrador, y sus gobiernos, porque México mantiene la postura de que aquí no se produce fentanilo y las agencias de inteligencia estadounidenses sostienen lo contrario.

Lo inexplicable es ¿por qué comprarlo a la empresa del consorcio de Carlos Lomelí, el dirigente de Morena en Jalisco, protagonista de uno de los primeros escándalos de corrupción del Gobierno? Además, ¿Por qué elegir una empresa que fue sancionada por el propio Gobierno de la Cuarta Transformación, y a la que perdonaron al primer amparo que les mostró?

Lo anterior fue dado a conocer, por un reportaje de Mario Gutiérrez Vega publicado en el espacio de Latinus.

En tal reportaje, se da a conocer que, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la entonces Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, entregó contratos hasta por 165 millones de pesos en la compra de fentanilo a una empresa ligada a Carlos Lomelí, político de Morena.

De acuerdo con el medio, la compra se hizo a Abastecedora de Insumos para la Salud, ligada al consorcio farmacéutico del presidente del consejo estatal de Morena en Jalisco y actual regidor en Guadalajara.

Entre enero de 2021 y diciembre de 2022, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México firmó 16 contratos con la empresa con el objetivo de adquirir fentanilo, medicinas y material hospitalario.

Lo extraño, es que la compra se hizo a pesar que la empresa estaba suspendida por dos años y medio para recibir contratos de cualquier gobierno, de acuerdo con una sanción que había impuesto la Secretaría de la Función Pública en julio de 2020.

Además, de que Carlos Lomelí había estado bajo la vigilancia de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

También, en 2019, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a las empresas Lomedic y Laboratorios Solfrán, propiedad de Carlos Lomelí, ex delegado del gobierno del presidente López Obrador en Jalisco.

Lomelí Bolaños, el entonces delegado del gobierno federal en Jalisco, por tal situación, se vio obligado a anunciar su renuncia al cargo en julio de 2019, luego de haber sido señalado por supuesto conflicto de interés en licitaciones gubernamentales de medicamentos. Además, por ser acusado de tener una red farmacéutica conformada por nueve empresas para la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario sólo reconoció como propias cuatro de esas compañías.

Ese grupo farmacéutico ha vendido miles de millones de pesos en contratos gubernamentales en siete años (2012-2019). Solo la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud ganó, en 2019, más de 164 millones de pesos, adjudicados por el gobierno Federal.

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México niega rotundamente tener alguna relación preferencial con las empresas asociadas a Carlos Lomelí Bolaños. 

Y menciona que, en el año 2018, la administración saliente nos entregó 8 contratos vigentes para dichos servicios, con un costo total de 194 millones de pesos anuales.

A pesar de ello se destacó que, la administración de la entonces mandataria capitalina dio luz verde para adquirir contratos en 2020 con la empresa Abastecedora de Insumos México S.A de C.V, la cual no ha sido inhabilitada y cuando este trato fue cerrado, el proveedor no estaba sancionado.

Resaltó que el fentanilo es un medicamento de uso necesario, por lo que es requerido para atender pacientes hospitalizados que requieren ser intubados por diversos padecimientos.

Pero, como ya fue señalado anteriormente, en la administración de la “corcholata” se celebraron 16 de contratos con la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud, la cual habría sido señalada como una instancia que estaba suspendida, según lo reportado por la Secretaría de la Función Pública en el año 2020.

Estos contratos sumaron un total de 165 millones de pesos, con insumos de fentanilo, medicinas y material hospitalarios. La empresa fue vinculada a Carlos Lomelí, ha estado bajo la vigilancia de la DEA y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.