El Ágora / El último dique democrático

Octavio Campos Ortiz

A pesar de los varios embates presidenciales que ha sufrido la Suprema Corte de Justicia de la Nación a lo largo de su historia, como su desaparición completa durante la administración de Ernesto Zedillo, nunca había sufrido tan injusta descalificación ni agresiones arteras a la investidura judicial como en este régimen. Los ministros han aguantado insultos y agravios personales, presiones para orientar sus decisiones o proyectos, acusaciones de corrupción sin pruebas, reproches porque no se someten a las insinuaciones de los otros poderes o de plano son sometidos al linchamiento mediático y social.

La nueva composición del Máximo Tribunal del país no ha favorecido al proyecto político de la 4T y por el contrario se ha convertido en un verdadero impartidor de justicia, con gran inclinación a favorecer a la ciudadanía, con lo que recobró su papel de contrapeso del Poder Ejecutivo, incluso ha frenado diversas leyes aprobadas por un abyecto Congreso que servilmente vota sin siquiera leer o atreverse a quitarle una coma a las iniciativas que vienen de Palacio Nacional. Así, el Poder Legislativo se ha convertido en una oficialía de partes.

Por el contrario, la SCJN no solo se caracteriza hoy por su autonomía e independencia, sino que se comporta como un dique que contiene los abusos del poder político e interpreta el espíritu de la Constitución en favor de la ciudadanía, de la sociedad civil. Así, ha frenado las contrarreformas eléctrica y electoral, resuelve la inconstitucionalidad de varias leyes promovidas lo mismo por el Ejecutivo que por los propios legisladores, más aún, enfrenta en estos momentos, proyectos de modificación a ordenamiento jurídico y estructura, lo que conllevaría eliminar muchas atribuciones en el ámbito electoral y en el de la Judicatura. Además de atender esas posibles modificaciones que afectarían no solo sus funciones sino su independencia, tiene otros retos y compromisos con la sociedad al ser el último baluarte de la democracia en el país. Deberá resolver sobre las leyes secundarias de la pretendida reforma electoral, la inclusión de la Guardia Nacional a la SEDENA y probablemente llegará a sus manos la legislación que se empezará a discutir en las Cámaras sobre reformas a la Ley de la administración pública que, en opinión de expertos y de la iniciativa privada, representa una encubierta acción expropiatoria del Ejecutivo por aparente causa de utilidad pública sobre empresas nacionales y extranjeras sin derecho a indemnización cuando se presuma, entre otros motivos, actos de corrupción, así como la reducción en la temporalidad de las concesiones. Más poder a la figura del presidente.

La Suprema Corte tiene la oportunidad de garantizar la supremacía de la Carta Magna no solo con los recursos de inconstitucionalidad, sino dar vigencia al derecho de amparo, tan zarandeado últimamente. Vienen días duros para el Poder Judicial, sus resoluciones estarán en el ojo del huracán y las presiones políticas y de grupos serán cosa de todos los días, pero la ministra presidente de la Corte, Norma Piña, que ya hizo historia al romper el techo de cristal, sabrá dignificar el cargo. Con su investidura demostró la importancia de la división de Poderes y la necesidad de mantener su autonomía e independencia. Seguramente con su ejemplo posibilitará que los jueces contengan los abusos del poder público y del presidencialismo excesivo, además de mantenerse como el último dique de la imperfecta, pero al fin, democracia mexicana.