De invasiones, narcotráfico y migración

Octavio Campos Ortiz

Más allá de las amenazas e intentonas de los congresistas republicanos  por invadir al país para capturar a los barones de las drogas, juzgarlos en sus tribunales y frenar el comercio ilegal de fentanilo, México debiera reconsiderar su posicionamiento en la relación bilateral con los Estados Unidos. No solo en materia de narcotráfico y seguridad nacional, sino en lo comercial y migratorio.

La Casa Blanca ha demostrado que no tiene el interés punitivo de utilizar a sus fuerzas armadas para detener mafiosos, pero está muy preocupado por la postura de México en temas comerciales como el incumplimiento del T-MEC en cuanto a las inversiones extranjeras para la producción de energía limpia y la utilización del maíz transgénico en el consumo humano, pero el gobierno mexicano se aferra al uso de combustibles fósiles y rechaza los capitales foráneos, además de caer en el mito de que los productos genéticamente modificados producen algún tipo de cáncer. La preocupación de la administración de Joe Biden por esos iusses debiera de ocuparnos, porque lo más probable es que recurran a los paneles internacionales, donde llevamos las de perder.

La otra asignatura es la migración y el alto costo social y económico que representa el convertirnos en virtual tercer país seguro a exigencia de los gringos, quienes devuelven todos los días a cientos de migrantes, incluidos connacionales, los cuales se asientan en la frontera; no hay albergues que alcancen ni recursos para dar abrigo, alimentación, agua, seguridad y servicios de salud y educación a tanto trashumante. Esa es la verdadera presión del gobierno demócrata.

Por lo que hace al problema del narcotráfico, este no se circunscribe a los sucesos recientes de Matamoros, donde murieron dos norteamericanos por la “indiciplina” (sic) de una célula criminal, como reza la cartulina colocada junto con la entrega hecha por la propia organización delictiva de los responsables de la agresión y secuestro de los norteamericanos, sino por la estrategia gubernamental para combatir al crimen organizado. La administración americana siente que México no hace un esfuerzo significativo para contrarrestar la violencia y es permisivo a las acciones de las mafias en el trasiego del fentanilo y otras drogas. Ese es el pretexto que buscan, en un futuro inmediato, para incursionar en tierras aztecas y castigar a los narcotraficantes, sin necesidad de esperar la aprobación del Congreso. Baste recordar que en 1985, luego del asesinato del agente encubierto Enrique “Kiki” Camarena, la DEA no se conformó con la detención de Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca, “Don Neto”, y Miguel Félix Gallardo,  sino que secuestró en territorio mexicano a Rubén Zuno Arce, cuñado del presidente Luis Echeverría, y al doctor Humberto Álvarez Machain, responsabilizado de haber mantenido con vida a Camarena mientras era torturado. Así que no necesitan permiso para invadir. Mejor no parezcamos muy echados para adelante y recompongamos nuestra postura en lo comercial, lo migratorio y en el combate al crimen organizado.