Crimen organizado y violencia política

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Por Octavio Campos Ortiz

A dos meses de que se lleven a cabo los comicios más grandes de nuestra historia, donde están en juego 21 mil cargos de elección popular con la participación de diez partidos políticos, el clima de violencia empaña las campañas y hace evidente la presencia del crimen organizado para amedrentar a autoridades y candidatos.

Desde el arranque del proceso electoral en septiembre del año pasado, la violencia política en nuestro país se incrementó considerablemente, los atentados contra precandidatos, candidatos, ediles, expresidentes municipales, jueces, líderes sociales, legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno están a la orden del día.

De las muertes o lesiones graves en estos eventos se responsabiliza a la delincuencia organizada, especialmente a grupos de narcotraficantes. La presencia de los cárteles en la vida pública nacional es cada vez mayor, incluso incide en los gobiernos municipales, estatales, en la administración pública federal y en los poderes legislativo y judicial.

Recientemente, un alto comandante del Pentágono reveló que más de la tercera parte del territorio nacional está dominada por grupos criminales y que el gobierno solo controla el sesenta por ciento del país. El gobierno dijo no estar de acuerdo con esas afirmaciones, pero no desmintió categóricamente el dicho del militar norteamericano.

Un informe de la DEA señala que nueve organizaciones transcriminales mexicanas tienen mayor impacto en los Estados Unidos, dentro de las que destaca El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), seguido del Cártel de Sinaloa. Según la agencia antinarcóticos, el CJNG no solo tiene presencia en Florida, Hawái y Puerto Rico, sino que domina 23 estados de la República Mexicana. Especialmente el centro del país y las ciudades fronterizas del norte, donde se ha incrementado el número de los ataques contra candidatos, líderes y servidores públicos.

La violencia política, con su estela de muerte, intimida a muchos de los aspirantes a cargos de elección popular y desanima a funcionarios electorales que ven una amenaza real a sus funciones en la organización de los comicios. No son pocos los que rechazan la postulación o asumir responsabilidades durante las votaciones. Ese vacío lo llenan personajes de dudosa reputación, gente con antecedentes delincuenciales, familiares de narcotraficantes, incluso se ha detenido a candidatos con armas y droga. No hay que olvidar que las campañas políticas son muy atractivas para el lavado de dinero, y aunque se han fortalecido los controles fiscales y de inteligencia, falta mucho para que se pueda erradicar ese mal que aqueja a la democracia.

Las advertencias de las agencias norteamericanas tal vez sean exageradas y busquen un impacto político, presionar al gobierno para obtener beneficios en la relación bilateral, pero la violencia política que se vive debe ser una preocupación doméstica. Garantizar la tranquilidad y paz social es una obligación del Estado y en ese ambiente deben desarrollarse las elecciones para que el ciudadano de la calle acuda a las casillas y ejerza su derecho a elegir a sus gobernantes. Nada es más antagónico a la democracia, al Estado de Derecho que un Estado fallido donde el crimen – como sucedió en Colombia o en Italia-, no solo maneje el delito sino la gobernanza, la vida institucional de un país.