Crimen organizado y elecciones

Octavio Campos Ortiz

Las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, independientemente del sustento, incomodaron a la 4T que rápidamente las rechazaron y descalificaron al otrora distinguido militante. Sin duda, será muy difícil probar que hay una connivencia entre el Ejecutivo y los cárteles, pero nadie duda de la injerencia de la delincuencia en los procesos electorales. Recordemos que un alto mando del Pentágono develó que más de la tercera parte del territorio nacional está controlado por las mafias del narcotráfico; tampoco es desconocido que son generadores de la violencia política actual y que condicionó el resultado de las elecciones del año pasado. Más de 120 servidores públicos y candidatos, amén de legisladores, fueron asesinados durante el proceso electoral, con especial énfasis en los comicios de Michoacán, Sinaloa y San Luis Potosí. El ex gobernador Silvano Aureoles denunció la intromisión del crimen organizado y el uso de la violencia como medio de intimidación del voto; los medios publicaron el respaldo y financiamiento de la delincuencia a favor del actual gobernador de San Luis Potosí, entidad que sufre un derramamiento de sangre y desapariciones; Sinaloa fue otro estado donde se vivió el secuestro de candidatos de oposición o de sus familiares, las amenazas para que otros aspirantes retiraran sus candidaturas, el robo de urnas por gente armada, el llamado de criminales a los votantes para que sufragaran por determinado partido. Evidencias hubo de la participación de grupos delictivos en todo el proceso, además de los arteros atentados en contra de varios candidatos de oposición.

Aunque el mandatario de Sinaloa minimizó la agresión a los reporteros que cubren las actividades presidenciales, quienes fueron detenidos en ilegal retén de un grupo paramilitar, los testimonios e imágenes de la retención de los periodistas habla, si no de un convenio entre autoridades y mafiosos, si evidencia la pérdida de la gobernabilidad de una administración constitucional. La ONU misma declaró que detrás de los homicidios de comunicadores está el crimen organizado en contubernio con agentes del Estado, lo que ha hecho que México sea de los países más letales para el ejercicio del periodismo.

El próximo domingo habrá elecciones en seis entidades y en la mayoría de los casos, los contrincantes dejaron de lado las propuestas para atacarse y denunciar el financiamiento o acuerdos con los delincuentes. Nadie se salvó, incluso se difundieron documentos de millonarios depósitos para apoyo de las campañas.

En virtud de que los ojos de la opinión pública están puestos en esos comicios, no se prevé una mayor violencia política, atentados o incursiones armadas, pero hoy es más sutil, más eficiente, el apoyo a determinados candidatos. Son ahora delitos de cuello blanco, es el lavado de dinero, el financiamiento de las campañas, la inducción subliminal al voto, aunque si las cosas se complican, de plano volver a las viejas prácticas del robo de casillas. Por el bien de la República y de la democracia, esperemos una jornada tranquila, que se respete el sufragio y la decisión de la gente, que no se convierta una fiesta ciudadana en elección de Estado.

Por lo que respecta a las declaraciones del ex dirigente priista, ex líder perredista y distinguido ex legislador morenista, la 4T debe ir más allá de las descalificaciones, del linchamiento mediático o de las burlas al político que coadyuvó a que Morena llegara al poder. El país merece una explicación seria.