Comparece ante comisiones secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González

Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados

Este jueves, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, compareció ante las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático y Sostenibilidad, con motivo del análisis del Quinto Informe de Gobierno.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputada Karen Castrejón Trujillo (PVEM), argumentó que la funcionaria acude hoy para el análisis del gobierno, y procedió a tomarle protesta de decir verdad.

En su mensaje inicial, la presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, diputada Edna Gisel Díaz Acevedo (PRD), planteó que los temas del sector ambiental sean objeto de un permanente acercamiento, consulta o reflexión para el diseño de mejores instrumentos legislativos y ordenamientos jurídicos.

Se requiere, dijo, que las capacidades del Estado mexicano en este sector sean eficaces y respondan a los compromisos adquiridos sobre cambio climático y biodiversidad. “El derecho al medio ambiente sano es uno de los logros consagrados en la Constitución, por lo que, se apunta hacia un Estado de derecho en donde los temas del rubro son indispensables para fortalecer la paz, el bienestar, la gobernanza y la justicia con un sentido transversal”. 

La diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena) señaló que la cuarta transformación ha construido una política pública ambiental poniendo en el centro a las comunidades y al interés público, frenando los intereses privados y construyendo bienestar. “Sembrando Vida es el mejor programa de reforestación del mundo con más de 445 mil comunidades beneficiarias”.

Agradeció a la secretaria por su labor y compromiso en materia de protección y conservación al medio ambiente. “En estos primeros cinco años sentamos las bases para recuperar la rectoría sobre los recursos minerales e hídricos, terminar con las concesiones abusivas y solventar las necesidades socio ambientales sin comprometer el futuro y sostenibilidad del planeta”.       

El diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre (PAN) argumentó que, del año 2018 a la fecha, México ha sufrido un dramático proceso de desmantelamiento de las políticas públicas en materia ambiental y de regresión energética, se han roto compromisos internacionales y degradado la participación del país en foros internacionales, y los presupuestos han sido recortados de forma incapacitante.

Puntualizó que se ha instalado un escenario de impunidad absoluta, violación de la ley en materia ambiental y de destrucción a ecosistemas por acciones directas del gobierno, como es el caso del Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, los cuales “están envueltos en la opacidad y la militarización”. También, se han decretado pocas áreas naturales protegidas e incluso se han usado políticamente y de forma descarada.

La diputada María De Jesús Aguirre Maldonado (PRI) comentó que el anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación relativo a los recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático definen montos importantes, sin embargo, para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es solamente el 3.7 por ciento en comparación con otros programas.

Externó su preocupación por la desaparición desde 2018 del Programa de Empleo Temporal, contemplado en el Programa Especial Concurrente que definía los presupuestos para el sector rural, el cual permitía que las autoridades contrataran personal eventual entre los mismos productores y jornaleros, con objeto de realizar obras de mitigación de riesgos climatológicos.    

Del PVEM, la diputada Karen Castrejón Trujillo señaló que en este Quinto Informe se destacan los esfuerzos para dar una nueva identidad a la política ambiental nacional, caminando de la mano de las personas, pueblos y comunidades, especialmente indígenas y afromexicanas, y llamó a implementar acciones encaminadas a prevenir hechos que afecten el medio ambiente, como la tala ilegal y el tráfico de especies.

Consideró fundamental tener una política ambiental acorde a los retos actuales, que privilegie las acciones preventivas por encima de las correctivas; redoblar esfuerzos de inspección, vigilancia, capacitación y educación ambiental, una mejor gestión sustentable de los recursos hídricos, más coordinación interinstitucional y acciones de adaptación y mitigación al cambio climático.

La diputada Esther Martínez Romano (PT) dijo que el cuidado del medio ambiente y la crisis climática ya es un problema de seguridad nacional, por lo que se requiere de un esfuerzo coordinado de los tres Poderes de la Unión para su adecuad atención y asegurar a las presentes y futuras generaciones un medio ambiente apropiado que posibilite el desarrollo sostenible y el uso adecuado de los recursos naturales.

Comentó que se debe tener claro que el calentamiento global y sus devastadores efectos son una misión de Estado, en la que es necesario aportar esfuerzos con alturas de miras y amor por México para superar el grave problema ambiental. “El principal desafío que en materia ambiental se enfrenta está relacionado con la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero”.

Braulio López Ochoa Mijares, diputado de MC, expresó que hay preocupación por el presupuesto para el sector y para el agua, dado que se tiene una crisis hídrica, en donde más del 70 por ciento del país está en sequía, las plantas de tratamiento y saneamiento están funcionando en una tercera parte en los municipios, hay problemas en tuberías y de infraestructura del agua.

Añadió que el tema del agua también daña a los ecosistemas y a la captación de agua natural. Hizo votos por una mayor protección y presupuesto a las Áreas Naturales Protegidas, evitar la tala de árboles y extracción indebida. “El Tren Maya es una inquietud, pues si bien tiene beneficios económicos, afecta a la Selva Maya, los acuíferos de la península y los cenotes; debe haber mayor transparencia de los impactos al medio ambiente por las obras del gobierno”.

La diputada Edna Gisel Díaz Acevedo (PRD) indicó que en el país, son evidentes las afectaciones como consecuencias de la crisis climática, la escases o abundancia de lluvias en algunas zonas, inundaciones, extrema sequía, prolongadas épocas de calor, perdida de bosques y de la especies en peligro de extinción.

Aseguró que esta administración presenta una agenda ambiental pero el ramo sufre languidez de recursos, “se destina más a supuestas acciones de mitigación, adaptación y cambio climático para la Secretaría de la Defensa Nacional que para el área que corresponde a este tema como es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En su intervención inicial, la titular de Semarnat, María Luisa Albores González, expresó que en su administración es primordial poner al centro a las personas, familias y comunidades, promover el diálogo y la inclusión de saberes tradicionales y ancestrales, así como trabajar para proteger la vida de la mano de las comunidades locales para conservar y aprovechar los recursos naturales bajo principios de justicia ambiental.

Informó que el Tren Maya es la obra de infraestructura más importante del país que permitirá la conexión de cinco estados del sureste del país, Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, y la autorización del impacto ambiental de cada tramo se realizó de conformidad a lo establecido en la legislación ambiental y dentro del marco legal vigente acorde al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se impulsaron, añadió, programas de gestión hídrica integral, calidad del aire, conservación y restauración de suelos y manejo de flora y fauna, rescate y reubicación de especies. “El Tren Maya es la obra con más pasos de fauna en todo el país, tiene más de 500 pasos de fauna de reconecta los ecosistemas y garantiza la protección de vida silvestre”.

Mencionó las acciones del sector ambiental como parte del plan de reconstrucción de Acapulco debido al huracán Otis, cuyo objetivo es evaluar, remediar y restaurar los ecosistemas y el medio ambiente en 34 ejidos pertenecientes al municipio de Acapulco de Juárez y 21 al municipio de Coyuca de Benítez, a través de rescate de la zona federal marítimo terrestre, manejo urbano de residuos y reforestación de bosques urbanos como el papagayo, bicentenario y manglares.

También, refirió la protección del territorio por cambio de uso de suelo. La Comisión Nacional Forestal (Conafor) y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) invertirán 46.4 millones de pesos, 39.9 millones de acciones de reforestación y restauración, así como el manejo del fuego y 6.9 millones para la atención la atención al área natural protegida Parque El Veladero.

Comentó que al inicio de su administración el país contaba con 182 áreas en 90.8 millones de hectáreas y con el trabajo y compromiso de la Conanp se aceptó el reto de sumar 43 áreas naturales protegidas nuevas. De esa meta, van 21 áreas decretadas lo que da un resultado de 203 en más de 91.6 millones de hectáreas. El objetivo es llegar a 225 con más de 95 millones de hectáreas protegidas al finalizar esta administración.

Refirió que junto con las comunidades trabajan en la definición de nuevas Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), se inició con 470 en 525 mil y hoy existen 562 ADVC en 27 estados de la República, lo que suma 1.2 millones de hectáreas, es decir, más del doble de hectáreas que hace cinco años. “Nuestra meta para 2024 es llegar a 616 con su superficie total de 1.3 millones de hectáreas.

Indicó que entre las ADVC más representativas están Báalam Beh que está en Campeche con 65 mil hectáreas; corredor comunitario del Jaguar, en Guerrero con 85 mil hectáreas, y el de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa en Oaxaca con 425 mil hectáreas.

Informó que tienen 121 programas de manejo, y en 2024 se sumarían 52 programas más, lo que representaría 173 Áreas Naturales Protegidas. Comentó que a través de la Conafor y Conanp se invirtieron 14 mil 324 millones de pesos para fomentar el cuidado forestal y de las Áreas Naturales Protegidas.

Se impulsó la Estrategia Nacional de Ordenamiento Ecológico Participativo con enfoque de construcción social para crear instrumentos de defensa y preservación del territorio que coadyuven al desarrollo sustentable. Con el nuevo enfoque participativo van 21 ordenamiento expedidos y se encuentran 165 en elaboración lo que da un total de 186 ordenamiento, lo que significa que 63.7 del territorio que cuentan con este instrumento ecológico.

También se elaboró la Estrategia contra la Deforestación y combate a la tala Ilegal, con lo que se ha logrado reformas al Código Penal Federal para precisar conceptos, robustecer las penas en la materia y fortalecer el carácter social, además de reducir 26 por ciento la tasa anual de reforestación brutal respecto a 2019.

Detalló que el sector ambiental participa en 11 Planes de Justicia de los Pueblos Indígenas. Dentro de cada uno de ellos se instrumentan temas ambientales como territorios libres de minería y derecho al agua. Entre los avances destacó que no se han otorgado autorizaciones para la minería a cielo abierto, estudios de calidad y se ha invertido más de 362 millones de pesos para acciones de conservación y reforestación.

Expresó que el compromiso de la Semarnat es no al fracking porque causa problemas en el ambiente, sobre todo en el agua, y no a las autorizaciones en proyectos mineros en ANP y no a la minería submarina. Informó que otras acciones realizadas que abonan a la salud humana y ambiental son el programa nacional de remediación de sitios contaminados y los programas para mejorar la calidad del aire.

En cuanto la protección de la Vaquita Marina mencionó que a través del Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad en el Ato Golfo de California (GIS) que coordina la Semarnat se presentó un plan de acción sobre el comercio de especias amenazadas de flora y fauna silvestre. “La Secretaría de Marina instaló 193 tubos de concreto para retener las redes que utiliza el crimen organizado para pesca ilegal de la totoaba obteniendo una reducción de 90 por ciento de pangas y redes de pesca”.