Analizan reformas al régimen del Poder Judicial, en foro de diálogo convocado por la Jucopo, en Puebla

Por: Arturo Paz, reportero de Nuevo México Plural/Cámara de Diputados

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados llevó a cabo el Foro de Diálogo Estatal, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con el tema “Reforma al régimen del Poder Judicial”, en donde diputadas, diputados, especialistas y expertos formularon comentarios respecto a las propuestas de reformas a la Constitución Política en esa materia.

Ello, en el marco de los Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo Federal y por diversos grupos parlamentarios y que se discutirán en el Congreso de la Unión.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, señaló que hoy se analiza cómo cumplir y garantizar el derecho de la ciudadanía a tener una justicia pronta, expedita y gratuita, así como el proceso de designación de magistrados y jueces.  

Indicó que hoy se culmina un ejercicio democrático, dialéctico, incluyente y diverso en el que se escuchó en 25 estados las opiniones sobre las iniciativas de reforma que presentó el Ejecutivo. También se llevaron a cabo cuatro foros organizados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados y cinco foros regionales.

Anunció que el próximo martes la Jucopo recibirá y conocerá el anteproyecto de conclusiones de estos foros para que sea remitido a la Comisión de Puntos Constitucionales y, con ello, continuar con el trámite legislativo.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), confió en que tanto la tradición de cultura política que tienen los poblanos y los planteamientos que se expongan aporten información que sirva en el análisis de la reforma. “Este tema de la reforma judicial se ha tratado en varios espacios, pero aquí con la gran tradición universitaria vamos a quedar más ilustrados”.

Consideró que este espacio servirá para clarificar uno de los principales aspectos de la propuesta de reforma presentada por el Ejecutivo Federal, al Poder Judicial. Agregó que “hay cerca de 190 iniciativas a dictaminar, prácticamente son tres tipos temáticos los planteados; uno, son postulados a la Constitución, otro la consagración de derechos para la gente y otro más las propuestas de reformas orgánicas y políticas a las instituciones del país”.

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) apuntó que hay una división de poderes y a los legisladores les toca poner las leyes, no al Poder Judicial. Recalcó que “nosotros somos los representantes populares” y se legisla con base en las necesidades del pueblo mexicano. Estimó que mal se haría si no se reforma la Constitución para que no se siga atentando contra los derechos de los seres humanos.  

Azael Santiago Chepi, diputado de Morena, indicó que la reforma al Poder Judicial es para evitar el exceso de recursos de esta institución y que la ciudadanía sea quien elija a los ministros y jueces, de tal manera que estas medidas contribuyen a que se ejerzan de manera transparente.

El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (Morena) consideró fundamental que el Poder Judicial se transforme, y puntualizó que “absolutamente todos los panelistas en este foro han coincidido en la necesidad de reformarlo y se logrará con estos diálogos que abonen a las iniciativas del Poder Ejecutivo y de diputadas y diputados”.

En tanto, la diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena) recordó que en 2018 se legisló para incluir el principio de paridad en los tres órdenes de gobierno, pero no ha sido posible. Destacó la importancia de reforzar mecanismos para que la paridad en la elección de candidatas, de jueces y juezas, magistradas y magistrados se pueda lograr.    

Previamente, la directora de la Facultad de Derecho de la BUAP, Georgina Tenorio Martínez, resaltó que este tipo de diálogos construye un tejido social más fuerte e inclusivo. Agradeció la oportunidad de participar en este espacio de reflexión y diálogo y se pronunció por trabajar juntos para fortalecer la democracia, ampliar el acceso a la justicia y construir un futuro más prometedor para todos los mexicanos.

Susana Camacho Maciel, experta en temas del Poder Judicial y co-coordinadora del Programa de Justicia, de México Evalúa, señaló que la iniciativa del Ejecutivo Federal es sumamente ambiciosa y, por lo mismo, es necesario discutirla profundamente. Precisó que el planteamiento original de la reforma, en el sentido de que se tiene que acercar el Poder Judicial a las personas, es indiscutible.

Afirmó que un Poder Judicial en un sistema democrático, no necesariamente es el que se elige por voto directo, sino el que es independiente, el que está mejor preparado en el conocimiento de leyes, pero que también es cercano a las problemáticas de las comunidades. Por ello, estimó positivo abrir la discusión de algo que estructuralmente es necesario y que es qué hacer con el Poder Judicial y con los jueces de todos los niveles y materias.

Juan Manuel Crisanto Campos, vocal secretario de la Junta Local de Tlaxcala, del INE, señaló que es necesario reformar al Poder Judicial porque hay desconfianza de la sociedad hacia él: corrupción, nepotismo, irresponsabilidad, falta de independencia; además, ha tomado decisiones en contra de preceptos de la Constitución.

Enfatizó que es primordial enriquecer y consolidar las reglas del perfil profesional y el mérito, por lo que propuso crear una comisión que evalúe los méritos de las y los candidatos mediante la publicación de informes antes de las elecciones. Dijo estar a favor de que no se permita el financiamiento público o privado, pues las personas candidatas tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para difundir sus propuestas y podrán participar en foros de debate. Consideró que la reelección debe ser producto del mérito.

César Augusto Santiago Ramírez, exsubsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, opinó que el Poder Judicial ha perdido su apego a la moralidad. Observó que los ministros no devuelven el dinero no gastado, no rinden cuentas y simulan fideicomisos para acumular el dinero público como si fuera de su propiedad. “La ley dice que el sobrante, el subejercicio, debe entregarse a la Tesorería de la Federación”.

La reforma, afirmó, debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: sacar a los partidos de los nombramientos de los integrantes del Poder Judicial, los jueces deben responder a la sociedad, garantizar presupuesto suficiente para una buena procuración y administración de justicia, enaltecer a los ministros de la Corte como órgano de control de la constitucionalidad exclusivamente y el Consejo de la Judicatura debe ser autónomo.

Antonio Juárez Acevedo, catedrático de la Facultad de Derecho de la BUAP, coincidió en que es necesario realizar modificaciones al Poder Judicial, pero dijo no estar de acuerdo en las formas. Aclaró que “en el diagnóstico coincidimos todos”. Señaló que un problema es el nepotismo y la solución es realizar exámenes de conocimiento, valoración curricular y experiencia.

Estimó que la legitimación de la Suprema Corte no viene de las elecciones, sino de su trabajo. La elección popular de los ministros no es la solución porque puede resultar propuesta una persona cercana. Subrayó que no puede haber una elección porque se vive en una República representativa y no se puede votar por los jueces, porque ellos van a aplicar la ley.

Luis Soriano Peregrina, presidente de Voz Ciudadana, dijo que las cosas en el Poder Judicial no están bien, ya que arrastra una tradición donde se mantiene con dinero público a una élite gubernamental, es ostentoso y lleno de privilegios, por lo que ante el nuevo humanismo se requiere democratizar y modernizar todas las instituciones en el país.

Explicó que la reforma pretende dignificar al Poder Judicial e impulsar la participación de la sociedad para designar a los gobernantes en los tres poderes. Solicitó definir la obligatoriedad de que se dicten las sentencias apoyándose en el control de convencionalidad y en el principio pro persona.

Frida Isabel Flores Valadez, especialista en Amparo y Procesal Constitucional, consideró que el proceso para designar a los integrantes de la Suprema Corte es insuficiente. Se pronunció por revisarlo para que arriben los mejores perfiles. “Es necesario que existan más filtros para ser ministra o ministro, una licenciatura con 10 años de antigüedad para estar en el cargo es insuficiente, dado que en esta instancia se resuelven las problemáticas más importantes del país”

Respecto a la elección de personas juzgadoras, opinó que, tanto en el ámbito federal y local, se debe analizar detenidamente cuáles son los costos de estos procesos. Subrayó que es importante reflexionar sobre los posibles efectos de una elección popular de la Judicatura en la independencia judicial y en eficacia del sistema judicial, ya que hay dudas sobre cómo garantizar que el Poder Judicial sea imparcial y ajeno a presiones políticas. Agregó que es esencial ver la justicia local porque es ahí donde los asuntos no se resuelven de forma rápida y expedita.