3 de mayo; periodistas muertos

Octavio Campos Ortiz

La UNESCO decretó el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, para hacer una evaluación sobre el tema en los países integrantes de la ONU, defender a los medios de comunicación de los ataques a su independencia y rendir homenaje a los comunicadores asesinados en el ejercicio de sus funciones.

Lamentablemente, México está catalogado como uno de las naciones más peligrosas para practicar el oficio de informar. Llama la atención que, según las instancias internacionales, el periodismo es la profesión más riesgosa aquí, que en latitudes donde se protagonizan conflictos bélicos o guerras civiles. En los primeros meses del 2020, han asesinado a nueve trabajadores de medios de comunicación. Y si bien es cierto, se han detenido a los autores materiales en la mayoría de los casos, la percepción de impunidad es muy alta, cuando la tasa es del 96 por ciento; es decir, por cada cien delitos que se cometen, solo cuatro se consignan y son casi nulas las sentencias condenatorias.

Delito que no se castiga, delito que se repite; por ello la delincuencia se sabe amparada en ese manto protector de impunidad y actúa en completa libertad. El crimen organizado se aprovecha de ese vacío de legalidad y autoridad,  para incrementar la violencia y las agresiones a periodistas. Dependencias de las Naciones Unidas señalan que, en México, en la mayoría de los casos, detrás de las muertes y desapariciones forzadas de informadores, está la delincuencia organizada en connivencia con actores del Estado. En otros eventos, los servidores públicos son directamente los agresores.

La narrativa oficial mantiene su propia estrategia de culpar al pasado, ofrece capturar y castigar a los responsables, se compromete a no permitir la impunidad, discurso desgastado que ya no convence a la opinión pública. Mucho se ha hablado del avance que ha tenido el crimen organizado, de que controla la tercera parte del país; más que un poder fáctico se convirtió en un poder formal que impone candidatos y autoridades. Ante la falta de gobernabilidad, la violencia toma carta de naturalización y establece condiciones a los actores políticos, como la prensa, que tiene prohibido investigar las actividades ilícitas de los traficantes de droga, armas o de personas. Y, como en los tiempos del porfiriato, la máxima es plata o plomo.

Los reporteros y opinadores que no se corrompen, saben de lo riesgoso que es difundir noticias respecto de las actividades ilícitas de los criminales, incluso advertir de la incursión de estos en la política. Por eso muchos medios y comunicadores han optado por no cubrir ni difundir información policiaca o de nota roja, con lo que se crean zonas de silencio que afectan a la sociedad misma.

El 2022 es un año aciago para la comunicación, dentro de las casi 120 mil muertes violentas de mexicanos en lo que va de esta administración, se encuentran los nueve ataques a periodistas en los primeros cinco meses. Arteras agresiones de lesa sociedad. Pero, la desaparición de comunicadores no acalla la libre expresión, son más los informadores que señalarán los errores gubernamentales y las consecuencias sociales de los negocios ilícitos de las mafias. La violencia no sepultará la libertad de prensa. La verdad no se oculta matando al mensajero. El valor, la ética y el compromiso social del periodista siempre se impondrá. Como decía Juan Ramón Jiménez: si os dan papel pautado, escribid por el otro lado. Viva la libertad de prensa.